PES- El 12 de noviembre de 2012 un tribunal de Rabat va a resolver el juicio de apelación de
Mohamed Dihani, de 26 años, militante saharaui condenado a diez años de cárcel por participar en acciones a favor de la autodeterminación del Sahara.
La Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Western Sahara Human Rights Watch (WSHRW) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), piden que ahora tenga el juicio justo que le negaron en su día y denuncian que en 2010 fue secuestrado y durante seis meses permaneció desaparecido sufriendo malos tratos y tortura.
Hace exactamente un año, en octubre de 2011, fue condenado y, según la documentación oficial y judicial del caso, lo publicado en medios de comunicación y testimonios de diferentes organizaciones de derechos humanos (Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos, ASDVH, y Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH), se encuentra actualmente cumpliendo una condena de diez años en la cárcel de Salé 2, un centro penitenciario en el que predominan los presos políticos situado en la localidad del mismo nombre, en el litoral atlántico marroquí, frente a la capital, Rabat.
Las autoridades marroquíes que tienen ocupado el Sahara Occidental ya detuvieron a Mohamed Dihani en anteriores ocasiones, por su participación en diversos actos de protesta a favor de la autodeterminación. Su familia recuerda que en abril de 2010 unos agentes, vestidos de civil, le secuestraron frente a su casa, y que no supieron nada de él hasta pasados seis meses, cuando la agencia oficial marroquí MAP anunció su detención. Entonces, la familia presentó numerosas denuncias, ante instancias oficiales marroquíes, solicitando conocer el paradero de su hijo y denunciando las graves torturas a las que le habían sometido.
Después de que la MAP anunciara su detención, Dihani fue acusado de terrorismo y condenado por planificar atentados terroristas, en un intento más de las autoridades marroquíes por tratar de vincular los movimientos a favor del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui con el terrorismo yihadista, según la ASVDH, que denunció la falsedad de los cargos presentados contra Dihani y calificó el juicio de “proceso prefabricado” contra este activista saharaui.
Por su parte, la AMDH considera a Dihani como “un preso político” y ha pedido a las autoridades marroquíes que “mejoren sus condiciones carcelarias”.
En el juicio celebrado en 2011 Mohamed Dihani alegó que las confesiones hechas ante la policía habían sido obtenidas bajo tortura y rechazó enérgicamente todas las imputaciones que se le hacen. En la sentencia no aparecen más pruebas de cargo que aquellas confesiones. La apelación, prevista en principio para el 17 de septiembre, fue suspendida hasta el 12 de noviembre, fecha en la que está señalada la celebración de la vista en la ciudad de Rabat.
La sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza y las asociaciones que denuncian la situación de Mohamed Dihani y el resto de presos políticos marroquíes piden que el gobierno marroquí adopte todas las medidas “apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de Dihani, en un marco de pleno respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos y, en particular, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como que “los magistrados integrantes del Tribunal que deben de resolver el recurso de apelación observen y respeten las garantías de un proceso justo, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia, a fin de dictar una sentencia conforme a los acuerdos, convenios y tratados internacionales referentes al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que han sido ratificados por Marruecos y asumidos como Derecho interno directamente aplicable”.
Por otra parte piden que se investiguen las acusaciones que hace el detenido de desaparición forzada, torturas y tratos inhumanos crueles y degradantes, y que las autoridades penitenciarias observen escrupulosamente los estándares básicos de respeto a los derechos humanos, de conformidad con las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de Reclusos.
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