El enviado personal del secretario general para el Sáhara
Occidental, Christopher Ross, pasará probablemente por Madrid este 27 de
octubre en su recorrido por la región, cuyo propósito es, según el anuncio de
la ONU, “intercambiar puntos de vista con actores clave sobre la manera de
acelerar el proceso hacia el logro de su objetivo central identificado por
sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad, es decir, una solución
política mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara
Occidental”.
Ross debería haber hecho este viaje en mayo pasado, si no
fuera por la curiosa y sorprendente decisión marroquí de poner fin a la
cooperación con él. Ross regresa al terreno con la misión de “acelerar el
proceso hacia su objetivo último”. Ello requerirá reexaminar, de un lado, las
causas que condujeron al impasse actual y, de otro, la consistencia de las
diferentes propuestas de solución que existen actualmente sobre la mesa del
Consejo de Seguridad.
El proceso actual que dirige en nombre de la ONU no parte en
realidad del año 2007, en Manhasset, sino en 1979. En ese año, la Resolución
3437 (1979) de la Asamblea General insta a Marruecos a “poner fin a su
ocupación militar del Sáhara Occidental y a negociar con el Frente Polisario,
en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, los términos de un
alto el fuego y las modalidades de un referéndum de autodeterminación”.
La OUA intentó ir por esta vía y, al chocar en 1983 con la
negativa marroquí, toma la decisión de admitir a la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) como miembro de pleno derecho. Marruecos, enfadado, se
retiró de la Organización y el enfado le dura hasta hoy. En 1991, la
persistencia de la ONU y de la OUA y el resultado de 16 años de guerra lograron
convencer a Marruecos a aceptar la organización de un referéndum de
autodeterminación en el que el pueblo saharaui pueda elegir entre la
integración con Marruecos o la independencia.
La Minurso desembarca en el territorio para organizar el
referéndum en febrero de 1992.
El resto es sabido. Rabat llega a finales de 1998 a la
conclusión de que el referéndum conduce inevitablemente a la independencia del
Sáhara Occidental y toma la decisión de escamotearlo.
Tras rechazar el Plan Baker, Rabat comunica en abril de 2004
al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que se opondrá a todo plan de paz
que incluya la opción de la independencia del Sáhara Occidental con el
argumento de que la independencia “pone en entredicho la soberanía marroquí
sobre el Sáhara Occidental”. Kofi Annan responde en su informe de octubre de
2004 que la “opción de la independencia ya había sido aceptada por Marruecos en
el Plan de arreglo”. Hace apenas dos semanas, el informe del Departamento de
Estado americano al Congreso subrayaba que “Marruecos reivindica la soberanía
sobre el Sáhara Occidental, posición que no es aceptada por la comunidad
internacional”. El informe va más allá cuando subraya que “Marruecos no es
considerado por la ONU la potencia administradora de iure del territorio”. En
realidad lo es España, aunque siga evadiendo esta verdad.
En junio de 2007, animado por algunos sectores de la
Administración de Bush, el mismo Chirac, Zapatero y, más tarde, Sarkozy,
Marruecos presenta al secretario general su famosa propuesta de “autonomía”,
que es inmediatamente contrarrestada por la propuesta del Frente Polisario. El
Consejo de Seguridad toma nota de las dos sin calificar a ninguna de ellas de
“seria o creíble” como lo quiere hacer ver Marruecos. No hay más que leer el
texto de la Resolución 1754 (2007). Sobre la base de estos desarrollos,
iniciamos el proceso de Manhasset, en junio de 2007.
La “tercera vía” que propuso Rabat es en realidad una
solución unilateral destinada a legitimar un “botín de guerra”. Su pecado
capital radica en la presunción irrealista de que la comunidad internacional y
el Frente Polisario aceptarían de entrada su premisa esencial, es decir, la
soberanía marroquí proclamada unilateralmente sobre el Sáhara Occidental.
Para Rabat, la autodeterminación es algo secundario,
superfluo, y su función es “confirmar un acuerdo” que ha de versar únicamente
sobre la incorporación del territorio a Marruecos, y esta debe ser la única
finalidad de la negociación.
Marruecos continua lejos de la realidad, del sentido común y
de la legalidad internacional.
La propuesta saharaui difiere de la marroquí en la medida en
que deja abierta la posibilidad a todas las opciones reconocidas por la ONU
para un problema de descolonización y, por consiguiente, a todas las
soluciones, incluidas la independencia y la autonomía o la integración, que es
el mismo perro con distinto collar.
Consecuentemente, la negociación, a los ojos del Frente
Polisario, debe situar el centro de gravedad en la consulta al pueblo saharaui
y su finalidad estriba en remover los obstáculos en el camino del referéndum de
autodeterminación.
Esta visión ha sido revalidada por el secretario general de
la ONU en su informe de abril de 2011, al enfatizar que “conocer la opinión del
pueblo saharaui es el elemento central en la búsqueda de toda solución justa y
duradera”.
El punto novedoso que incorpora la propuesta del Frente
Polisario es la invitación a Marruecos de ampliar el horizonte de miras y
aprovechar el proceso para visualizar los términos recíprocamente ventajosos en
los dos supuestos —independencia o autonomía— que entrarían en vigor al día
siguiente de los resultados del referéndum. Marruecos continúa dando la espalda
a esta invitación.
Han pasado cinco años desde el inicio del proceso de
Manhasset y forzoso es constatar que no lleva a ninguna parte por la sencilla
razón de que la propuesta marroquí, tal y como está articulada, mina los
fundamentos y razón de ser de un proceso de autodeterminación relativo a un
conflicto de descolonización. Mientas tanto, Marruecos quiere aparecer como
voluntario para “caer en medio de fuegos” lejanos en el Sahel, Oriente Próximo.
La estrategia evasiva es evidente. Algunos pueden estar empujando al joven rey
hacia esas latitudes a cambio de “promesas”. Sea como fuere, animado por
algunos, dentro o fuera, Marruecos continua orbitando lejos de la realidad, del
sentido común y de la legalidad internacional. A la larga, no le hacen ningún
bien a Marruecos ni a la región. Esa órbita y su corolario en materias de
violación de derechos humanos —“motivo de serias preocupaciones” hasta para el
Departamento de Estado— y de expolio de riquezas de un pueblo indefenso, no
puede sino agravar la tensión, alejar más y más a los saharauis y marroquíes y
complicar la misión de Ross.
Bujari Ahmed es representante ante la ONU del Frente
Polisario.
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