Madrid, 28 jun (EFE).- Dos asociaciones pro Sahara han presentado hoy una denuncia ante el Ministerio de Economía contra la venta de armas a Marruecos, en la que pide al Gobierno que paralice y deniegue las próximas autorizaciones de exportación de armas a este país, que a su juicio las utiliza contra la población del Sahara Occidental.
Los representantes de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA) y de la asociación Justicia y Paz han presentado en el registro del Ministerio de Economía, encargado del control y las autorizaciones de las exportaciones de material de defensa, la denuncia, que incluye numerosos informes y fotografías que demuestran que Marruecos usa el material español contra el pueblo saharaui.
Francisco Serrano, presidente de AJASAHARA, ha declarado a Efe que es urgente que se prohíban las ventas y revocar todas las autorizaciones de exportación de material de defensa a Marruecos.
Según ha explicado, los documentos e informes que acompañan la denuncia ponen de manifiesto que Marruecos viola la legalidad internacional en materia de derechos humanos.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, pide al Gobierno que informe negativamente o deniegue las próximas autorizaciones de transferencias, cesiones u otras transmisiones de armamento a Marruecos.
Asimismo reclama la suspensión y revocación de las autorizaciones vigentes de exportación o transferencia, cesiones u otras transmisiones de armamento pendientes de ejecución.
Según los datos oficiales que manejan estas asociaciones pro saharauis España autorizó el pasado año la exportación de material de defensa por importe de 226.950 euros correspondientes a la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles, realizó exportaciones de aeronaves con destino a las Fuerzas Armadas marroquíes por importe de 1.529.901 euros, autorizó exportaciones de productos y tecnologías de doble uso por importe de 2.125.494 euros y realizó exportaciones de material de doble uso por importe de 1.580.858 euros.
Según AJASAHARA, estas operaciones contravienen la normativa legal española, ya que vulneran la Ley 53/2007, de 28 de diciembre de 2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.
Esta ley determina en su artículo 8 la denegación de las autorizaciones de exportación en aquellos supuestos en los que existen indicios racionales de que el material de defensa puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, o ser utilizados con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos.
En su denuncia, las asociaciones piden el acceso a los registros y archivos para consultar los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y cesiones de armamento a Marruecos realizadas desde 2007 hasta ahora.
A la presentación de la denuncia también ha acudido el joven saharaui Lafkir Kaziza, que el pasado 18 de junio abandonó una huelga de hambre de 16 días frente a la embajada de Marruecos en Madrid para lograr la liberación de veintidós presos políticos. EFE
