Imagen de la prueba de vida enviada por los terroristas en diciembre. / AFP
Han pasado casi nueve meses desde que, la madrugada del 22
al 23 de octubre de 2011, los dos cooperantes españoles Ainhoa Fernández y
Enric Gonyalons y la italiana Rosella Urssu fueron secuestrados en los
campamentos de refugiados saharuais en Tinduf (Argelia). Desde entonces, ha
habido más confusión que certezas en relación con su desaparición. Los
activistas han estado en manos de una rama escindida de Al Qaeda en el Magreb.
Alrededor de la medianoche del pasado 23 de octubre, una
decena de hombres vestidos de militares, a bordo de al menos un par de
todoterrenos, irrumpieron en Rabuni, el centro administrativo de la
autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, pegado a la ciudad argelina
de Tinduf, y se dirigieron hacia el edificio donde se alojan los cooperantes
extranjeros que no residen en los campamentos de refugiados saharauis.
Tras un breve tiroteo, capturaron a Ainhoa Fernández de
Rincón, madrileña de 32 años que trabajaba para la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Extremadura, a Enric Gonyalons, mallorquín de 26 años
afiliado a la ONG Mundubat, y a Rossella Urssu, italiana, del Comité de
Cooperación Italiano para el Desarrollo de los Pueblos.
Un cuarto cooperante, el navarro Alberto Jiménez Vallés, de
la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras, se salvó por los pelos.
Había salido al exterior de la residencia de huéspedes extranjeros para buscar
mejor cobertura telefónica -en la zona es muy débil- y poder hablar cómodamente
con su mujer.
El Frente Polisario, el movimiento que lucha por la
independencia del Sáhara Occidental, atribuyó inmediatamente el secuestro a Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), la rama norteafricana de la organización
terrorista. Primero lo dejaron caer en un comunicado, y poco después, su
representante en Argel, Brahim Gali, fue más explícito: "Acuso
directamente a Al Qaeda en el Magreb de estar detrás del secuestro de esos tres
extranjeros", declaró a la agencia AFP. La por entonces ministra de
Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, aseguró que no había habido
ningún grupo que reivindicara el secuestro, por lo que atribuir el rapto a Al
Qaeda era una "mera especulación".
El grupo terrorista AQMI suele asumir la autoría de los
secuestros, pero antes incluso de que se produjera la reivindicación, el
ministro marroquí de Exteriores, Taieb Fassi Fihri, también atribuyó
públicamente que Al Qaeda el rapto. Durante una visita de su homólga española a
Rabat, unos días después del secuestro, Fassi dio por hecho que los rehenes
estaban ya en el norte de Malí, donde el grupo tiene su base, y afirmó que se
trataba del "mismo tipo de caso" que el sufrido por los tres
cooperantes catalanes capturados en noviembre de 2009 por Al Qaeda del Magreb
en Mauritania. Jiménez reiteró que cualquier afirmación sobre la autoría sería
una especulación, “ante la falta de informaciones fiables y contrastadas”.
Fuentes de la seguridad mauritana indicaron también que el
secuestro de los tres cooperantes había sido planificado por el argelino
Mokhtar Belmokhtar, apodado El Tuerto porque perdió un ojo en una refriega en
Argelia, el mismo jefecillo de Al Qaeda que en noviembre de 2009 capturó a tres
voluntarios catalanes en la principal carretera de Mauritania, a 170 kilómetros
al norte de Nuakchot.
Según fuentes conocedoras de la zona, los secuestradores y
sus rehenes llegaron en la noche del 24 al 25 de octubre al norte de Tombuctú,
en Malí, área que estaba en manos de El Tuerto, considerado como el más dialogante
de los cabecillas de la rama magrebí de Al Qaeda.
El ataque contra la residencia de cooperantes extranjeros en
Rabuni era un encargo de algún jefe de katiba (célula terrorista) de los que
operan en Malí, probablemente Mokhtar, no siendo perpetrado directamente por
miembros de AQMI. Esas fuentes afirmaron que para franquear los controles del
Ejército argelino y del propio Polisario, tuvieron que contar con complicidades
en el aparato de seguridad del movimiento independentista. A bordo del
todoterreno en el que llegaron a Rabuni los hombres armados y vestidos de
uniforme que apresaron a los cooperantes tenía que viajar algún saharaui capaz
de dirigirse en hassanía, el dialecto árabe que se habla en el Sáhara
Occidental y en Mauritania, a los vigilantes que custodiaban los accesos.
En diciembre, dos hombres fueron arrestados en un hotel de
Noadibu (Mauritania) como presuntos responsables del secuestro. Las dos
detenciones, según una fuente policial mauritana citada por la agencia France
Presse, fueron fruto de una operación de la policía. La fuente policial informante,
que quiso mantenerse en el anonimato, aseguró que los arrestados estaban
implicados directamente en el rapto de los tres cooperantes. Los detenidos eran
Maminna Alaaguir Ahmed Baba, nacido en 1982, uno de los supuestos autores
materiales del asalto al campamento saharaui, y Aghdafna Hamady Ahmed Baba,
nacido en 1979. Ambos se encontraban ilegalmente en Mauritania, y en el momento
de su captura no facilitaron ninguna indicación sobre el paradero de los
secuestrados.
A pesar de que Marruecos, el Frente Polisario e incluso
Argelia apuntaban a Al Qaeda en el Magreb como el autor del secuestro, en el
informe de noticias número 35 del grupo terrorista, en el que se recogían las
supuestas operaciones de este grupo entre el 31 de agosto y el 21 de noviembre,
no se hizo referencia al secuestro. El 8 de diciembre, la rama de Al Qaeda
envió un comunicado en el que eludía “cualquier responsabilidad en el secuestro
de los europeos en el campamento de Tinduf”.
Solo 36 horas después llegó la reivindicación, pero no de Al
Qaeda en el Magreb, sino de un grupo terrorista desconocido, Jamat Tawhid Wal
Jihad fi Garbi (Movimiento para la Unificación del Yihad en África del Oeste).
A través de un comunicado enviado a la delegación en Bamako (Malí) de la
agencia francesa AFP, se atribuyeron el rapto de los tres cooperantes.
“Reivindicamos la operación que se desarrolló el 23 de octubre en Tinduf
durante la cual dos ciudadanos españoles fueron secuestrados, así como una
ciudadana italiana”, señalaba el escueto texto.
Hasta ese momento, el secuestro había sido el único de la
historia reciente del Sáhara cuya autoría no había sido reconocida. Pero la
reivindicación, lejos de dar pistas sobre la autoría del triple apresamiento,
añadió una nueva dosis de opacidad. El grupo que la formulaba era desconocido y
lo hacía a través de cauces y con un contenido nada habitual. Nunca una
organización terrorista árabe había enviado sus comunicados a la delegación de
AFP en Bamako porque, entre otros motivos, la lengua oficial del país es el
francés y los que trabajan allí no hablan árabe. La reivindicación estaba
redactada en los dos idiomas.
El 8 de diciembre los Gobiernos español e italiano
recibieron una prueba de vida de los cooperantes. Se trataba de un vídeo de un
minuto y 23 segundos de duración en el que cada uno de los rehenes se
presentaba en su lengua, decía para quién trabaja y pedía a las autoridades
correspondientes que hicieran todos los esfuerzos posibles para lograr su
liberación.
Los tres rehenes aparecían en las imágenes rodeados de
hombres armados. Curiosamente, varios de los captores a los que se veía eran de
raza negra, algo nada frecuente en estos casos. Y en la versión original del
vídeo, las caras de las dos mujeres no aparecían pixeladas, en contra de lo que
suele ser habitual. Los captores enviaron un segundo vídeo en el que un
portavoz de los secuestradores explicaba los motivos del rapto y formulaba
varias reivindicaciones en árabe y en inglés.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación difundió
el 12 de diciembre un comunicado en el que reconocía que tenía conocimiento del
vídeo y que había informado a los familiares de los dos españoles. Agregaba que
continuaba realizando "todos los esfuerzos posibles, con la máxima
discreción y en colaboración con los países de la región, para obtener su
pronta liberación”.
De hecho, el Gobierno español designó a un joven
diplomático, pero con larga con experiencia en África subsahariana, Antonio
Sánchez-Benedito, de 43 años, para tratar de desenredar este secuestro.
Se produjo entonces el cambio de Gobierno y, durante las
Navidades, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, se
reunió con los familiares de los secuestrados para mostrarles su apoyo en unas
fechas especialmente difíciles y garantizarles que el nuevo Gobierno no se
había desentendido de la suerte de sus parientes. Se creía que Gonyalons y
Fernández estaban en Malí, en poder de una escisión de Al Qaeda del Magreb
Islámico que estaba utilizando el secuestro para conseguir su reconocimiento
por parte de los cabecillas de la organización.
Según las autoridades saharauis, que anunciaron la detención
de personas al parecer directamente relacionadas con el secuestro, los raptores
trasladaron a las víctimas a una zona montañosa situada entre Mali y Níger.
El caos crecío entonces, cuando los medios italianos
publicaron que la cooperante italiana Rosella Urru había sido liberada el 2 de
marzo en Malí. El Ministerio del Interior italiano, sin embargo, no lo
confirmó.
El pasado 3 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García-Margallo, viajó en secreto a Bamako (Malí) en un intento de
impulsar las negociaciones para la liberación de los dos rehenes españoles.
Durante su breve estancia, García Margallo pidió a las autoridades malienses la
máxima colaboración para resolver este secuestro perpetrado por el grupo
escindido de la rama magrebí de Al Qaeda, que se dedica más al contrabando que
al terrorista. La negociación para la puesta en libertad de Fernández y
Gonyalons corría a cargo de un familiar de uno de los secuestradores, que
reside en Bamako.
Coincidiendo con la visita de García-Margallo, la agencia de
prensa AFP indicó que el Movimiento para la Unificación del Yihad en África del
Oeste, que reivindicó el secuestro en diciembre, exigía 30 millones de euros,
10 millones por cada rehén, para liberar a sus tres cautivos, la cantidad más
elevada jamás pedida para un rescate.
Pero, al margen de la cantidad solicitada, la situación en
el norte de Mali, donde estaban los cooperantes, dificultaba el desenlace del
secuestro. Desde mediados de enero la minoría tuareg volvía a empuñar las armas
contra el Gobierno de Bamako para reivindicar la autonomía e incluso la
independencia de la región.
En el mes de abril, cuando se cumplieron seis meses del
secuestro, el ministro de Exteriores admitió que el golpe de Estado sobrevino
cuando se estaba "muy cerca" de conseguir una solución para liberar a
los dos activistas. Según explicó, el intermediario con el que estaba
trabajando el Gobierno, un árabe maliense emparentado con uno de los
secuestradores, "desapareció" después de que los militares sublevados
se hicieran con el poder.
Este miércoles se ha sabido que los tres cooperantes han
sido liberados en Malí y que se encuentran bien. Los dos españolas ya han
hablado con sus familias, según ha anunciado el ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo.
Fuente: http://politica.elpais.com
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