El pasado día 16 de febrero, un tribunal militar de Marruecos condenaba con diferentes penas a 25 saharauis, entre ellos, nueve a cadena perpetua por la muerte de once militares de Marruecos durante el desmantelamiento, en noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdeim Izik, en El Aaiún. Esta sentencia, que ha provocado reacciones en el movimiento solidario con el pueblo saharaui en todo el Estado español y diferentes partes del mundo, ha sido denunciada también por ilegal y arbitraria por observadores y juristas internacionales.
Muchos de estos juristas llevan años asistiendo y documentando juicios y denuncias de abusos contra los derechos humanos de la población saharaui, Inés Miranda lleva once años asistiendo a sesiones similares. Aquí, su testimonio de lo vivido.
Para situarnos en el contexto, ¿qué significó el campamento de Gdeim Izik?
El campamento se constituyó en octubre de 2010, a 12 kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún y tenía como objetivo que la población saharaui reclamara por todas sus mejoras económico-sociales de cara al régimen ocupante marroquí. Vino a ser el precursor de lo que luego se conoció en Occidente como Primavera Árabe. Para ubicarnos, hay que recordar que el Sahara es un territorio no autónomo en proceso de descolonización y que Naciones Unidas define a Marruecos como potencia ocupante del territorio, carente de soberanía y de potestad alguna. En todo caso la soberanía sigue correspondiendo a la potencia administradora de derecho, que es España, porque aún no ha concluido este proceso conforme estaba acordado. Marruecos ha tenido diferentes posturas en cuanto al conflicto del Sahara Occidental y últimamente pretendía decirle al mundo que su proyecto de autonomía y de mejoras estaba siendo efectivo. Hay que recordar que el campamento se pobló con más de 20.00 personas, 40.000 en algunos momentos. Sus protestas y reivindicaciones pacíficas evidenciaron que el proyecto de autonomía es insuficiente y no responde a la demanda que el pueblo saharaui reclama, el derecho de autodeterminación y vivir en paz. Marruecos, la forma que tuvo de acabar con ese campamento, a pesar de negociar con sus representantes, lo que hizo fue entrar por la fuerza y desmantelar el campamento.
¿Se realizó algún tipo de investigación posterior a este desmantelamiento?
Cuando se produjo el desmantelamiento, todos pudimos ver las imágenes que recorrieron el mundo, con sangre, violencia, etc. Se demandó a la comunidad internacional una investigación y que se asumieran responsabilidades, que no hubiera impunidad como en otras ocasiones. Marruecos se negó por completo a cualquier tipo de ojos de observadores internacionales y recordaremos que cerró el territorio a cal y canto, no permitiendo la entrada de absolutamente nadie y expulsando a los medios de prensa. Incluso quien les habla, el 8 de noviembre, vio prohibida la entrada al territorio, por primera y única vez, expulsada por la fuerza y coaccionándonos para que no volviéramos. Entonces, la única investigación que hubo sobre el terreno en aquel momento fue la que hizo Marruecos, que desde luego no se corresponde ni con lo que contaba la población que había sido atacada ni con lo que vimos en el acto del juicio.
Hay que destacar aquí que en aquellos días, el ministro de Interior marroquí se desplazó a España y le explicó a Trinidad Jiménez (ministra de Exteriores en aquel momento) lo que había pasado, que todo estaba bien, que eran 4 descamisados por así decirlo y que el argumento era poco más o menos que las 24 personas enjuiciadas tenían secuestradas a más de 20.000 personas en todo el campamento. Las personas que allí lo formaban decían que no, que estaban voluntariamente. Bueno, pues esta explicación, España la consideró válida, porque no dijo nada al respecto y no se exigió ningún tipo de investigación a pesar de las demandas de organizaciones sociales. Está pendiente, lo han recordado Amnistía Internacional o Human Rights Watch, una investigación y un informe detallados de lo que allí aconteció, que de ninguna manera corresponde con lo que vimos en el juicio.
“La única investigación que hubo sobre el terreno en aquel momento fue la que hizo Marruecos, que desde luego no se corresponde ni con lo que contaba la población que había sido atacada ni con lo que vimos en el acto del juicio”
Son 24 personas las enjuiciadas y acusadas de organizar el campamento, ¿en qué circunstancias fueron imputados por Marruecos?
El desmantelamiento se produjo el 8 de noviembre. Días anteriores, dos de los enjuiciados ya estaban detenidos en centros secretos marroquíes. Por tanto, no estaban el día de la invasión al campamento y muchísimo menos pudieron cometer ningún acto porque estaban siendo torturados en la gendarmería y brigada policial de El Aaiún. Lo que hizo Marruecos durante esa semana fue detener a cientos de personas hasta que fue depurando lo que ellos consideraban a los responsables del campamento. Los torturaron, según contaron en el juicio, arrancándoles las uñas con tenazas, siendo violados, sometidos a descargas eléctricas, los mantuvieron desnudos y con los ojos vendados todo el tiempo. Esto fue durante los primeros cinco días, donde les obligaron también a firmar declaraciones cuyo contenido no conocían. Muchos se negaban a firmar y simplemente les ponían la huella. Cuando se les pasó al juez de instrucción, exactamente lo mismo. Después se les introdujo en un avión militar, vendados y se les llevó a Marruecos. Inmediatamente se les llevó a la sala del tribunal militar donde luego se celebró el juicio. Allí también denunciaron torturas, tanto ellos como sus abogados presentaron quejas que fueron desatendidas. Luego pasaron 4 meses en la cárcel de Salé (Rabat), en celdas de aislamiento. Estos 24 estuvieron aislados, luego en otras celdas una vez que se les sacó. El juicio se señaló primeramente para enero del año pasado, luego para octubre y ha sido aplazado sin causas legales que lo fundamenten. Y bueno, este juicio se celebra dos años y cuatro meses después de la detención con absoluta falta de garantías, ya que nos encontramos ante un tribunal militar carente de competencias, tanto por razones tanto del territorio como de la materia. Por razones de territorio, como ya hemos explicado, porque nos encontramos ante un ocupante de un territorio no autónomo, tiene la obligación de aplicar los convenios de Ginebra, y en caso de enjuiciamiento se tendría que celebrar en el propio territorio saharaui y cumplir la pena en el mismo territorio. Y en segundo lugar, la recién aprobada Constitución marroquí prohíbe los tribunales de excepción, y prohíbe el enjuiciamiento militar a población civil. Por lo tanto, este tribunal es completamente ilegal, al margen de la ilegalidad en la obtención de las pruebas, sistemáticamente a base de torturas. Pruebas no había ninguna. Marruecos habla de 11 víctimas mortales pero no hay relación de las víctimas, los nombres de los fallecidos, no hay una relación de hechos probados entre los fallecimientos y las personas imputadas, es una acusación genérica contra los 24 y por lo tanto no garantiza una tutela judicial efectiva.
Los saharauis denunciaron torturas en el juicio, como que les arrancaron las uñas con tenazas, los violaron o les aplicaron descargas eléctricas.
Uno de los condenados a cadena perpetua, hay que decir que la sentencia de muerte también podría haber sido dictada, es el joven Hassana Aliah, que se le detuvo en noviembre de 2010, se le enjuició, se le condenó a 4 meses sin cumplimiento, se le concedió la rendición condicional, salió del territorio de manera ilegal, con pasaporte marroquí que la potencia ocupante tiene la obligación de dar al ocupado. Un año después, dictan orden de búsqueda y captura, él no ha vuelto al territorio y fue juzgado y condenado sin ni siquiera tomarle declaración. Él fue el primer condenado a cadena perpetua. Sobre la motivación del juicio, según comentaban los 24 condenados nunca se les había preguntado, ni en el período de torturas, ni en la cárcel, ni en la instrucción ni en nada, por los hechos que les habían imputados. Simplemente preguntaban por su labor como activista de DDHH, por su reivindicación del derecho de autodeterminación, por su relación con el Frente Polisario, por su relación con extranjeros y les tachaban de separatistas e independentistas. En suma, estaban siendo enjuiciados únicamente y exclusivamente por ser defensores de DDHH y reivindicar algo que la legislación internacional tiene más que reconocido, y que se le exige a Marruecos como en su momento se le exigió a España, que es la autodeterminación del pueblo saharaui.
Desde la Fiscalía de Marruecos, ¿cuáles fueron las pruebas que se presentaron en el juicio para condenar a estos saharauis?
La prueba que se presentó fue la declaración de los propios imputados, nulas de pleno derecho por su obtención mediante torturas. Luego, de forma extemporánea, el fiscal aportó una serie de testigos a los que habría que tomarles declaración, la defensa se opuso, porque además no dio ni sus nombres. El primero de los testigos era un trabajador sanitario, le preguntaron si había muertos, él dijo que no. El juez le pidió insistentemente que reconociera a los acusados como autores culpables de las muertes, algo a lo que se negó porque dijo que no los había visto y que ni siquiera había visto violencia contra los militares. Automáticamente el juez lo despidió y a los 8 testigos restantes no les admitió declaración. El resto de las pruebas aportadas por el fiscal se basaron en un vídeo, que fue el que difundió y preparó Marruecos, en el que no se ven caras, no se relaciona a los acusados con los hechos, se ven cuchillos pero no se enfocan las caras, se ve una persona ensangrentada en el suelo pero no se le ven las heridas, en fin, todo bastante deficitario. Además, que se presentaron de forma extemporánea, una vez concluido el período probatorio. Y ya, la otra prueba que consideraba el fiscal clave para la imputación, que era constitución de banda criminal, para delinquir y acusados de matar a varios policías y militares, fue una foto. Por cierto que no se presentó ninguna autopsia, ninguna prueba pericial ni morfológica. En esa foto, se veía a algunos acusados en los campamentos de refugiados de Tinduf relacionándose con cargos del Frente Polisario, con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), etc. Hay que decir que la defensa, en la que contaron con abogados marroquíes, fue brillante, con gente defensora de los DDHH y enamorada de su profesión. Uno de los abogados dijo que si esa foto era prueba de cargo, tendrían que estar enjuiciados allí todos los cuerpos diplomáticos de Marruecos, puesto que se han relacionado con el Frente Polisario desde el momento en que se firma el alto el fuego y lo reconocen como parte dialogante. Entonces, el abogado se preguntaba qué delito era ese. Lo que sucedía era que Marruecos quería el Sahara sin saharauis. Estamos ante un juicio político, contra la libertad de opinión, un juicio contra el ser humano y contra el propio derecho y lo que se pretendía era cercenar la libertad de expresión y parecía que se estaba enjuiciando más al pueblo saharaui que a personas por hechos concretos que en ningún momento se precisaron. Fueron más de 100 horas de juicio continuadas sólo parando para dormir y que luego en 7 horas salió la sentencia.
La prueba de cargo presentada por el fiscal fue una fotografía en la que se veía a algunos de los enjuiciados en los campamentos de Tinduf relacionándose con cargos del Frente Polisario o el presidente de la RASD.
Se han celebrado diferentes concentraciones en todo el Estado español en apoyo a los presos saharauis- También sabemos el apoyo de juristas y observadores internacionales como tú. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué futuro le esperan a estos condenados?
Creo que hay varias cosas que se pueden hacer, la primera es manifestarse. Yo voy a ir a la concentración de apoyo en Las Palmas, no en apoyo de que los saharauis tengan razón o que Marruecos tenga razón. Porque esto no es una cuestión de lucha entre pueblos, ya lo dejaron bien claro los 24 imputados. Es una cuestión de lucha por la legalidad, por la defensa de los DDHH y de lucha porque hay que respetar la libertad de expresión y de decisión de un pueblo. Hay que visibilizar esta petición y reclamación que a gritos realiza el pueblo saharaui, porque tienen todo el derecho del mundo y porque no sé exactamente a qué obedece el hermetismo mediático que hay en este país con la causa saharaui. No podemos callar la causa de defender a un pueblo. Aunque es verdad que los medios digitales han dado bastante información, la prensa escrita y los medios audiovisuales han dado poca, algo que me parece lamentable teniendo en cuenta todo lo que allí se sufrió y se vio, te hablo como jurista. Otra cosa que podemos hacer como juristas es presentar denunciar e informes en las instancias que tienen que decidir al relacionarse con Marruecos. Por ejemplo, ahora la Unión Europea está negociando el acuerdo de Pesca con Marruecos, que lo negocie con ellos, pero sobre el territorio sobre el que tiene soberanía, no sobre el territorio saharaui. Hay que denunciarlo, lo denunciaremos ahí, ante la Comisión de Derechos Humanos. Yo hablo en nombre del Consejo General de la Abogacía Española, que es quien mandata para asistir a estos juicios desde hace casi ya once años, y mandamos nuestros informes al Gobierno español para que tome nota de lo que está sucediendo allí, con nuestro punto técnico y también al propio Gobierno marroquí para que tome buen nota de que no puede seguir por esa línea.
“Había mucha dignidad en esa sala, y si la mitad dela dignidad que ellos han transmitido pudiéramos aplicarla los que estamos fuera en apoyo a la defensa de los DDHH de este pueblo, desde luego que el pueblo saharaui vería justicia más pronto que tarde”.
Yo creo que si todos y cada uno de los que hemos estado allí y de los que reciben nuestra información nos mantenemos activos en defensa del ser humano, en este caso de la población saharaui, desde luego sí que colaboraremos a que se haga justicia con este pueblo. Nosotros oíamos, una vez que se dictaban las condenas, las respuestas de ellos eran, acabarás con mi vida, pero nosotros daremos la libertad a nuestro pueblo, aparte de vivas al Frente Polisario, por el derecho de autodeterminación, etc. No hubo un argumento en los que excusarse por sus actos delictivos porque no los habían cometido. Había mucha dignidad en esa sala, y si la mitad dela dignidad que ellos han transmitido pudiéramos aplicarla los que estamos fuera en apoyo a la defensa de los DDHH de este pueblo, desde luego que el pueblo saharaui vería justicia más pronto que tarde.
(Nota del editor: entrevista realizada el pasado jueves 21 de febrero para el programa radiofónico El Mentidero, de Radio Almenara. Colaboraron: Aitor Montero, Christian Zampini y Sergio Benítez).
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