En declaraciones a la agencia de noticias EFE, las investigadoras de AI Sirine Rached y Benedicte Goderiaux denunciaron además los intentos de las autoridades marroquíes de "diabolizar" y "desacreditar" a los defensores saharauis de derechos humanos.
Las investigadoras afirmaron que las asociaciones creadas por saharauis viven en la ilegalidad pese a haber solicitado muchas de ellas permiso de registro, y esta ilegalidad les impide tener una sede, recibir financiación regular o promover actividades de cualquier tipo.
Del mismo modo, el derecho de manifestación está severamente restringido, como han podido constatar en el mismo El Aaiún en varias ocasiones en estos días, recalcando el hecho de que la policía -entre los que abundan los agentes camuflados- ha llegado a dispersar manifestaciones a pedradas.
Recalcaron que las manifestaciones saharauis han sido fundamentalmente pacíficas, y pese a todo la policía las ha dispersado sin contemplaciones, con piedras o bastones de madera, llegando a causar una veintena de heridos el pasado sábado.
Los heridos o contusionados en las manifestaciones evitan ir a los hospitales públicos por la presencia permanente de policías en sus instalaciones, y porque la práctica habitual de los centros es negarles un certificado médico que pueda sustentar una denuncia posterior.
La delegación de AI lamentó el permanente estado de "intimidación y acoso" que sufren los miembros de las tres organizaciones saharauis pro derechos humanos, incluso en sus propias casas (que funcionan como oficinas al no poder tener una sede).
Las dos investigadoras señalaron que ellas mismas han estado seguidas en todo momento en El Aaiún por agentes marroquíes, y en algunos casos grabadas abiertamente con una cámara de vídeo, cuyas imágenes fueron luego distribuidas ante medios marroquíes para servir supuestamente de prueba de su "ingerencia" en las manifestaciones.
Por otra parte, las dos miembros de AI denunciaron haber recogido numerosas quejas de familiares de "desaparecidos políticos" saharauis en las pasadas décadas (unos 200), que siguen esperando un simple certificado de defunción, además de la indemnización correspondiente, pese a haber visto reconocidos sus casos.
Por último, condenaron la "campaña anti-saharaui" por parte de la mayoría de la prensa marroquí, que descalifica permanentemente a los defensores saharauis de derechos humanos calificándolos de traidores, ya que ese discurso "incita a la violencia". (SPS)
