En mayo de 1973 se crea el Frente Polisario y se inicia la lucha contra el colonialismo español por la independencia del Pueblo Saharaui y el reconocimiento a fundar un Estado en el territorio del Sáhara Occidental, la antigua colonia española. En los años precedentes ya hay conatos reivindicativos, cuyo suceso más grave fue la desaparición, y posible asesinato, del dirigente saharaui Basisi, por parte del colonialismo español.
Son 40 años de lucha, de sacrificios, de sufrimientos, por parte de un pueblo indomable en pos de su libertad y su independencia. En estos 40 años hay reiteradas resoluciones de la ONU reconociendo sus derechos legítimos, en especial, su derecho a celebrar un Referéndum de Autodeterminación, así como la constatación de que ningún país de la Tierra reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio y que, por el contrario, más de 80 países reconocen jurídica y políticamente a la RASD.
La situación del Pueblo Saharaui se agrava extraordinariamente, cuando en 1.975 fue expulsado de su territorio en el Sáhara Occidental por la ocupación de Marruecos y Mauritania, con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en noviembre de 1.975, impidiéndose con ello la celebración del previsto Referéndum de Autodeterminación, bajo los auspicios de la ONU y en el marco de la Resolución 1514 que reconoce este derecho a los pueblos colonizados. Desde ese momento el Pueblo Saharaui vive un verdadero drama humanitario, con gran parte de la población en Campamentos de Refugiados, otra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y otra parte en la diáspora.
El Pueblo Saharaui tiene reconocido su derecho a la Autodeterminación y a ejercitarlo mediante un Referéndum libre y democrático en las múltiples y reiteradas Resoluciones de la ONU, en diversos pronunciamientos de la Unión Europea y en el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia en octubre de 1.975. A pesar de ello Marruecos ocupa ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental y bloquea sistemáticamente la celebración del Referéndum, creando en la zona una situación de inestabilidad y vulnerando los principios del Derecho Internacional.
El Estado Español tiene una responsabilidad histórica, política, jurídica y moral al ser la antigua potencia colonial y propiciar con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1.975, la ocupación del territorio, impidiéndose con ello culminar el proceso de descolonización. A pesar de la ocupación, ni la ONU ni ningún país del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio al ser un proceso descolonizador inconcluso, reafirmándose que la única solución que respete la legalidad internacional y que sea firme y duradera se debe propiciar en el marco del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Existe una enorme preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, expresada en las resoluciones de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al igual que en los informes del Relator de la ONU contra la Tortura y la reciente visita del enviado personal del Secretario General de la ONU, Sr. Christopher Ross, a los territorios ocupados. Igualmente, prestigiosas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado la situación como Amnistía Internacional y la Fundación Robert Kennedy de EE.UU. El propio representante de los EE.UU. en el Consejo de Seguridad planteó una propuesta de ampliar el mandato de la Minurso a los DD.HH., que finalmente fue desechada por presiones de Francia, España y Rusia, ante la negativa del Gobierno de Marruecos. Esta situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantías, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de Derechos Humanos en el Territorio está creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación. Especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del Campamento de Gdaym-Izik con condenas a cadenas perpetuas, y a 30 años, 25 años y 20 años de prisión, vulnerándose las mínimas garantías procesales de los detenidos y denunciándose las torturas y la ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio.
Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui.
Por otra parte, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los Campamentos de Refugiados de Tinduff, están a punto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios.
Canarias tiene una especial sensibilidad con la causa y la tragedia del Pueblo Saharaui, por su cercanía geográfica y por las tradicionales e históricas relaciones sociales, económicas, educativas y comerciales que siempre se mantuvo desde la época de la colonia durante decenas de años. La Comunidad Canaria está muy interesada en que se avance a una urgente solución de este largo conflicto que sólo se puede garantizar en el marco del respeto a la legalidad internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto a los irrenunciables derechos del Pueblo Saharaui a vivir en paz y en libertad en su territorio.
Es importante recordar algunos acontecimientos recientes que configuran un escenario alentador para presionar al Gobierno de Marruecos en el sentido de desbloquear la situación actual:
La última Resolución 2099 (2013) del Consejo de Seguridad de la ONU reitera una vez más que la solución pasa por respetar el principio de Autodeterminación y celebrar un Referéndum para que el Pueblo Saharaui decida su futuro.
El conflicto de Mali es una amenaza para la estabilidad de la Región y para su desarrollo por lo que otro conflicto en el Sáhara Occidental tendría repercusiones imprevisibles.
El deterioro interno y externo del Gobierno de Marruecos y del propio Rey, así como sus propias desavenencias, son evidencias palpables que debilita aún más la importancia estratégica de Marruecos para las potencias Occidentales.
El creciente protagonismo de Argelia en la región, con acuerdos económicos y comerciales con EE.UU., Francia y España, es un factor de equilibrio para propiciar una solución pacífica y respetuosa con el orden internacional y los derechos del Pueblo Saharaui.
La propuesta del Gobierno de los EE.UU. de evidenciar la violación de los DD.HH. por Marruecos en el Sáhara Occidental y encargar su protección a la Minurso, es un varapalo al Gobierno de Marruecos que tendrá sus repercusiones en el futuro.
Por todo ello es esencial que el movimiento solidario con la causa del pueblo saharaui impulse un conjunto de acciones prioritarias que se concretan en:
Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la Autodeterminación y a ejercitarlo a través de un Referéndum libre, democrático y donde se planteen todas las opciones, incluida la opción de la independencia, tal como reconoce el Derecho Internacional y, sobre todo, las reiteradas resoluciones de la ONU. El conflicto tiene su origen en un proceso de descolonización que no ha concluido, por lo que cualquier fórmula que no respete este principio se aleja de una solución efectiva y realista.
Mostrar la preocupación por la violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados que se ejerce sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental e instar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los DD.HH., el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. En este sentido es esencial la ampliación del mandato de la Minurso para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el Territorio y que la ONU garantice no sólo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los Derechos Humanos, hasta la celebración del Referéndum. Igualmente se exige la anulación del juicio militar contra los 25 activistas del Campamento de Gdaym-Izik y la libertad inmediata de los detenidos.
Apoyar los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, sobretodo en alimentación, salud, educación, vestidos, calzados y servicios básicos. Hacer un llamamiento al Gobierno de España, a todas las instituciones públicas y la población para que, en el marco de sus posibilidades, mantengan e incrementen la Cooperación humanitaria, y, en especial, el proyecto de "Vacaciones en Paz" que posibilita la llegada de miles de niños y niñas.
Solicitar del Gobierno de España una posición clara en defensa de la legalidad internacional y la implementación de los acuerdos de la ONU para desbloquear la celebración del Referéndum que impide el Gobierno de Marruecos y se abstenga de propiciar acciones que refuerzan la actitud marroquí de seguir ocupando el Sáhara Occidental.
Igualmente es necesario que el Gobierno de España facilite el reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del Pueblo Saharaui, tal como lo considera la ONU, y facilite y otorgue a sus representantes el mismo status diplomático del que goza la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España, con el objeto de facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias orientadas a responder a las necesidades del Pueblo Saharaui.
Hacer un llamamiento a la opinión pública, organizaciones solidarias, sociales, educativas, sindicales e instituciones públicas para apoyar estas justas demandas de la población saharaui. Igualmente instar a la Comunidad Internacional, en especial a la ONU, U.E. y los gobiernos de Francia, España y EE.UU. para que en sus relaciones bilaterales con el Gobierno de Marruecos le insten a garantizar la legalidad internacional, las resoluciones de la ONU, en especial, la celebración del Referéndum de Autodeterminación y el respeto de los Derechos Humanos de la población saharaui en los Territorios Ocupados.
Firmantes:
- Carmelo Ramírez, Consejero Cabildo de Gran Canaria
- Flora Marrero Ramos, diputada por Tenerife
- Ángel Víctor Torres, Alcalde de Arucas
- Juan Antonio de la Hoz, Consejero Cabildo de Lanzarote
- Narváez Quintero, Senador por el Hierro
- Nieves Rosa Pulido, diputada por La Palma
- Josefa Milán, concejala de Telde
- Claudina Morales, Alcaldesa de La Oliva
- Teresa Morales, movimiento solidario con el Sáhara
- Víctor Tomás Chinea, diputado por la Gomera
Fuente: http://www.infonortedigital.com
